Si bien las elecciones democráticas están presentes en nuestro ordenamiento desde la Constitución de Cádiz de 1812, no es hasta 1890 cuando se aprueba el sufragio universal, aunque hubo un fugaz intento en el Sexenio democrático (1868-1974) con la Ley Electoral de 1868 que implantaba el sufragio universal directo de varones mayores de 25 años. En 1890, un Gobierno liberal, presidido por Sagasta, sustituye el sufragio censitario, limitado a propietarios y personas que demuestren unas determinadas "capacidades", por el derecho a voto de todos los ciudadanos varones mayores de 25 años.

Desde el punto de vista del funcionamiento del sistema electoral, las elecciones de la Restauración adolecieron de graves defectos que impidieron el ejercicio realmente libre del derecho de sufragio. El sistema, en gran parte fraudulento no impidió, no obstante, que se desarrollara una estructura administrativa bastante eficaz para la elaboración de los censos electorales.

Junto con 1890, el otro momento importante en la historia electoral española es la aprobación del voto femenino en 1931 durante la 2ª República. Se aplicó por primera vez en las elecciones de 1932.

El franquismo implicó la supresión de las elecciones libres pero, con los límites impuestos por el régimen, se siguió manteniendo el censo electoral, aunque su uso quedara muy restringido a la elección del llamado tercio familiar o para la celebración de los referendos de consolidación del régimen de 1947 y 1966.

La llegada de la democracia con la Ley de Reforma Política de 1977 cambió completamente el sistema electoral y, con ello, los órganos que lo gestionan.

Hasta entonces, por tanto, la regulación de todos los procesos electorales y la elaboración y mantenimiento de los censos electorales estuvo basada en las primeras leyes electorales de 1846, de 1868, 1870, 1877, 1878 y especialmente la Ley de 26 de junio de 1890 y la de 8 de agosto de 1907.

La Administración de Justicia está presente en el proceso electoral desde antes incluso de la aprobación del sufragio universal. La Ley electoral de 28 de diciembre de 1878 ya prescribía que en cada distrito electoral los jueces de primera instancia presidirían la Junta de Escrutinio.

Pero los organismos fundamentales para gestionar las elecciones fueron, sin duda, las Juntas del Censo electoral. Creadas por la Ley de 1890, trabajaban en tres niveles: municipal, provincial y central. La municipal estaba presidida por el Alcalde, la provincial, por el Presidente ordinario de la Diputación y la central por el Presidente del Congreso de los Diputados. Les estaba encomendada la formación, revisión, custodia e inspección del censo electoral, de manera que las Juntas Municipales del Censo Electoral recogían las variaciones que hubiera respecto al censo del año anterior, las provinciales elaboraban y publicaban las listas definitivas y la central inspeccionaba y dirigía este proceso además de ejercer jurisdicción disciplinaria sobre todas las personas que intervinieran con carácter oficial en las operaciones electorales.

Las Juntas Central y Provincial debían estar compuestas por quince vocales, siendo vocales natos en la primera los expresidentes y exvicepresidentes primeros del Congreso, y en las segundas, los expresidentes y exvicepresidentes de las Diputaciones avecindados en la provincia, hasta completar el número de diez, y el resto de vocales eran diputados provinciales. Las Juntas Provinciales se ocupaban también de designar a parte de los interventores de las mesas electorales así como de la proclamación de candidatos y expedición de sus credenciales. La Ley electoral de 8 de agosto de 1907 establece que el Censo es un registro de carácter público y oficial y, como novedad, se encarga al Instituto Geográfico y Estadístico su formación, custodia y rectificación. Las Juntas del Censo mantienen su carácter permanente pero varía su composición dejando de estar formadas por cargos políticos.

Las funciones de las Juntas están reguladas en el artículo 15 de la Ley de 1907. Les competía inspeccionar y dirigir cuantos servicios se refieren al Censo, además de resolver las consultas, apelaciones y quejas que se producían. También se recogía expresamente como función propia de las Juntas conservar los ejemplares impresos de las listas definitivas de electores. Esta es la razón por las que han llegado hasta nosotros conservadas, en Zaragoza, porque sus presidentes lo eran también de la Audiencia Territorial. En Huesca, se han conservado en la Diputación Provincial seguramente porque los secretarios de las Juntas Provinciales seguían siendo los de cada Diputación Provincial. También a partir de la reforma de 1907, las juntas del censo debieron asumir la responsabilidad de controlar todo el proceso electoral, en las funciones que actualmente corresponden a las Juntas electorales, como designar los locales donde se celebrarían las elecciones, la proclamación de candidatos, recibir las actas con los resultados, o realizar el escrutinio general. El papel central que jugaban los jueces de primera instancia e instrucción para organizar la actividad de las juntas hizo que también tuviera un papel relevante la Audiencia Territorial. Sin una mención expresa en la legislación electoral, pero sí en el funcionamiento habitual de la Administración de Justicia, la Audiencia Territorial coordinaba el trabajo de los juzgados y, con ellos, el de la misma actividad de las Juntas en general y muy especialmente, de la elaboración y publicación del censo electoral.

El censo electoral es, de acuerdo con la definición de la Ley de 1907, "el registro público en donde constan el nombre y los apellidos paterno y materno de los ciudadanos españoles calificados con el derecho de sufragio" (art. 10). Según la misma norma, estaba sujeto a rectificación anual y se renovaba totalmente cada diez años. Por su propia naturaleza, la Ley también establece que "deberá exhibirse y ponerse de manifiesto gratuitamente a quien lo pretenda".

En la Ley de 1890 se establece que la formación, revisión, custodia e inspección del censo se encomendaba a las propias Juntas provinciales, que recibían de los Ayuntamientos las listas de todas las incidencias que podían modificar el censo electoral correspondiente: fallecidos, declarados incapacitados electoralmente, excluidos o incluidos por error, etc, así como los informes que emitían las Juntas Municipales sobre las reclamaciones que se hubieran podido presentar.

Recibida esta documentación por el Presidente de la Diputación, se reunía la Junta Provincial en sesión pública para aprobar las listas que no hubiesen sido impugnadas y para debatir las reclamaciones que se pudieran presentar ante ella. Las resoluciones que adoptaban las Juntas Provinciales se publicaban en un Boletín extraordinario de la Provincia y se podían recurrir ante la Audiencia Territorial o Provincial, siendo su sentencia irrevocable.

Terminado este proceso, se volvía a reunir la Junta Provincial para elaborar las listas definitivas que se publicaban en el Boletín Oficial de la Provincia, ordenadas por Ayuntamientos y dentro de cada uno de ellos, si era el caso, por secciones. Un ejemplar de la lista definitiva, firmado por el Presidente y el Secretario de la Diputación y sellada en todas sus hojas, se enviaba a cada uno de los alcaldes de la provincia. También se enviaban ejemplares completos al Presidente del Congreso de los Diputados y al de la Audiencia Territorial; a los jueces de instrucción, de primera instancia y municipales se les enviaba las referentes a los Ayuntamientos de sus jurisdicciones.

Pero, ante la falta de infraestructura y eficacia de las Juntas, con la Ley de 1907, su elaboración pasó a ser función del Instituto Geográfico y Estadístico, antecedente del actual Instituto Nacional de Estadística por desdoblamiento del primero en dos organismos distintos.

A partir de entonces, el Instituto se encargará de todas estas funciones, bajo la inspección de las respectivas Juntas Central, Provinciales y Municipales del Censo Electoral.

Una vez aprobado el censo por la Junta Provincial respectiva se enviaba al Boletín Oficial de la Provincia, que lo publicaba como boletín extraordinario. Las rectificaciones también se publicaban y se difundían por el mismo sistema. El carácter de documento impreso posibilita que se hayan conservado bastantes copias de los censos aunque hay muy pocas colecciones completas.

Un cambio importante se produjo en 1931. Con la aprobación por las Cortes republicanas del sufragio femenino, el censo electoral de 1932 ya incorporó a las mujeres; también se redujo de 25 a 21 años la edad mínima para votar y, con ello, para figurar en el censo.

Exceptuando estos cambios que acaban de mencionarse, la información que consta en los censos electorales apenas sufre modificaciones a lo largo de los años. Es una relación de electores de los que se da la información fundamental. Se presenta en tablas con las siguientes columnas:

• Número de orden (general y en la sección)
• Apellidos y nombre del elector
• Sexo (a partir de 1932)
• Edad (años cumplidos)
• Domicilio (calle o plaza y número)
• Profesión, oficio u ocupación
• ¿Sabe leer y escribir? (Sí o no).
• Si es o no elegible para cargos concejiles (sólo en los primeros años)

Entre las pocas modificaciones que sufren en los primeros años, puede mencionarse la división de la columna de "sabe leer y escribir" en dos, separando las dos capacidades.

Durante el franquismo también se produce un cambio importante al añadirse dos columnas más. La primera para el estado civil, donde se recogía la condición de soltero/a (S), casado/a (C) o viudo/a (V). La segunda para señalar la condición de cabeza de familia, que se reservaba a estos dos últimos. Ello se debe a que el sistema electoral de la llamada ?democracia orgánica? limitaba el voto del llamado ?tercio familiar? sólo a los cabezas de familia.

Cómo está organizada la información en los censos

La ordenación de los electores está hecha por orden alfabético dentro de cada municipio. Los municipios grandes también se subdividen en distritos, normalmente coincidiendo con las tradicionales parroquias. Dentro de cada distrito o de cada ayuntamiento pequeño la ley establecía que no podía establecerse una mesa para más de 500 electores. En los casos en que unos u otros superasen esa cifra se constituía una sección por cada grupo de 500 electores. A su vez, las secciones están ordenadas numéricamente dentro de cada localidad o distrito. Lo más habitual es que los ayuntamientos se ordenen dentro de cada partido judicial. Excepcionalmente, hay años donde se encuentran ordenados por orden alfabético todos los de una misma provincia prescindiendo de los partidos judiciales. Esta forma de organizar la información, que no es sustancialmente distinta a la que siguen los censos electorales actualmente, permite un uso fácil y rápido de esta fuente documental.